Objetivo 2024: un millón de cargadores públicos para vehículos electrificados
El mayor reto al que se enfrentan los usuarios de vehículos electrificados, sobre todo de batería totalmente eléctrica, es la autonomía de sus coches y la falta de estaciones de carga que sean de acceso público y estén bien repartidas. Pero esta complicación propia de la movilidad sin emisiones pierde, cada vez más, grado de dificultad.
Ahora ha tocado el turno de proponer y exigir objetivos a medio plazo en todo el ámbito de la Unión Europea. La Asociación Europea de Constructores de Automóviles (ACEA), la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente (T&E, por sus siglas en inglés) y la Organización Europea del Consumidor (BEUC) han solicitado a la Unión Europa el requerimiento de un millón de puntos de carga para vehículos eléctricos, cuya instalación deberá estar completada el próximo 2024.
Esta medida se solicita en el marco de la revisión de la normativa de Combustibles Alternativos que va a llevarse a cabo este año y las exigencias de los solicitantes se amplían hasta los 3 millones de cargadores en 2029. El reparto de estos objetivos debería, según estas entidades, establecerse por países en línea con el número de automóviles de estas características que circulan en cada territorio. El hidrógeno no ha quedado atrás en esta lógica y se demandan mil estaciones de este material para el 2029.
Continuando con la movilidad eléctrica pero dando el salto a España, el Gobierno ha anunciado el acuerdo con las comunidades autónomas de un nuevo plan para la adquisición de vehículos eléctricos y el despliegue de infraestructuras de puntos de recarga dotado de «al menos» 400 millones de euros.
Joan Groizard, el director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha afirmado igualmente que, si el sector tiene capacidad para absorber el volumen de ayudas y demanda de nuevos vehículos, se podría duplicar el presupuesto y dotar así el Plan Moves de 800 millones de euros. Esta ampliación de la partida presupuestaria sería la respuesta del Gobierno a las demandas lanzadas desde el sector para que el Plan Moves tenga continuidad, por lo que se prevé que pueda durar hasta 2023 como mínimo.